El Gobierno español no ha dudado en situarse a la cabeza de la demanda de una «transición democrática» en Cuba. Ha lanzado el consejo diplomático casi con la misma facilidad con la que se ha enrolado, junto a una minoría de socios comunitarios, en la batalla perdida contra la independencia de Kosovo. Esas dos tomas de posición pueden muy bien servir de coordenadas para situar el contexto y el ambiente político en que se presenta la campaña electoral que arrancó la pasada medianoche.
La ruptura del proceso de diálogo abierto en Euskal Herria, tras la negativa del PSOE (y el PNV) a alcanzar en Loiola un compromiso que habría permitido abrir una «transición democrática» en Euskal Herria, ha marcado la situación política de los últimos meses.
La amenaza del ministro Rubalbaca se ha visto cumplida con creces, y suman más de 200 las detenciones practicadas por las fuerzas policiales dentro de esa operación ininterrumpida de castigo a un sector político que no se resigna a que se frustre la posibilidad abierta para que Euskal Herria pueda decidir su futuro, en el contexto de esa Europa en la que cambian las fronteras y nacen nuevos estados como Kosovo.
La presente campaña electoral no va a discurrir en los mínimos parámetros exigibles a una democracia formal. Tras la ilegalización de las opciones independentistas, el debate de proyectos ha quedado abolido. Simplemente porque no es posible una campaña electoral al uso cuando se ilegalizan formaciones políticas y se excluye a decenas de miles de ciudadanos de la liza electoral. No es ni realista ni mucho menos responsable plantear esta campaña electoral como un oasis, como si esa quiebra de derechos no existiera.
¿O quizás a alguien le parece normal que poco antes de que arrancara la campaña oficial unos electos que anunciaron en rueda de prensa que su opción es la abstención activa el 9-M –una opción excepcional en una situación política de excepción– fueran retenidos por la Policía a la salida de un céntrico hotel de Iruñea?
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