Primero fue la sublevación fascista, siguió la Guerra de España con su corte de asesinatos, prisiones y represiones, luego fue el exilio y el nacionalcatolicismo, los veleros clandestinos hacia Venezuela, el hambre, el miedo y el silencio…. hasta que empezó la larga marcha.
Cuando en 1959, y a raíz de que la “justicia” española asesinara en Las Palmas, a garrote vil, al alzado Juan García Suárez, “El Corredera”, se funda en Gran Canaria el grupo “Canarias Libre” que aglutina a comunistas, a los anticlericales de la llamada “Iglesia Cubana”, a militantes independentistas y a sectores obreros, fundamentalmente la “carga blanca” de los muelles grancanarios. El grupo propuso construir el “Partido Comunista Canario”, pero, a pesar de la teórica reivindicación de Autodeterminación que mantenía el PCE -encabezado por Carrillo- nunca optó por la descolonización real de Canarias y se opuso al proyecto. El centralismo burocrático se impuso a la libre determinación.
Cuando en 1962 y, en Canarias, la policía española desarticula y encarcela a los integrantes de “Canarias Libre”, en España se enviaba a la cárcel a Eva Forest -con su hija recién nacida Eva Sastre- por firmar un artículo apoyando la huelga minera asturiana. La izquierda española dijo que aquello era el fascismo, el mismo que por esos días asesinaba “legalmente” a Julián Grimau. Ese año se casaba Juan Carlos Borbón, educado por Franco desde 1948 para ser su sucesor. Eso, para la izquierda española, también era cosa del franquismo que se acabaría con la III República.
Cuando en 1964 se funda en Argel el MPAIAC y Sekou Touré pide en la Cumbre de los Países No Alineados, la independencia de Canarias recibe el rechazo unánime de la “izquierda” española que teóricamente propugnaba el supuesto apoyo a la Autodeterminación. Antonio Cubillo añade las 7 estrellas verdes a la bandera que en 1961 creara para Canarias Libre D.ª Mª del Carmen Sarmiento y sus hijos Jesús y Arturo Cantero, diseñando así la actual bandera nacional canaria. Solo fue aceptada por los militantes independentistas y anatematizada por el resto.
Cuando en 1966 a Alfonso Sastre se le prohíbe publicar “La Sangre y la Ceniza” (que ya en 1965 recuerdo que se leían capítulos en las Asambleas estudiantiles de la Complutense) seguía, para la “izquierda” española, siendo el fascismo franquista el que, por participar en las madrileñas “Jornadas contra la Represión”, lo lleva de inquilino forzoso a Carabanchel. En pago, Sastre, nos regaló a todos una Balada.
Cuando en 1968 la Organización para la Unidad Africana, OUA, en julio, reconoce el derecho a la independencia de Canarias como islas africanas, todos los partidos españoles, incluidos los que trabajaban en el exilio, rechazan “la ingerencia” de la OUA en los asuntos “españoles”. Eso si, mantenían la Autodeterminación en sus programas. En la grancanaria Sardina del Norte la Guardia Civil española detiene a unos 50 de los más de 400 obreros concentrados en asamblea mientras más de 1.500 obreros portuarios mantenían por 3 días la primera gran huelga antifranquista en el estado Entre ellos a Tony Gallardo. Todavía el PCE y la izquierda creían en la lucha por la libertad.
Cuando en 1969, el dictador, cuya policía acababa de asesinar en Madrid al estudiante Enrique Ruano, declara durante un trimestre el Estado de Excepción, nombra sucesor a Juan Carlos Borbón a “título de Rey” y el susodicho jura sobre la Biblia y ante las Cortes fascistas “cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales” del Régimen. El propio dictador en su discurso nos aclara que: “Estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas como persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino”. Mientras, la izquierda española esperaba por la República que acabaría con el fascismo. Estaba “Esperando a un Godot” que, como el de Beckett, nunca llegó. Mientras, la represión franquista arrecia en Euzkadi, punta de lanza de la lucha antifranquista, donde suma ese año más de 2.000 detenciones, 300 exiliados forzosos y cientos de años de prisión impuestos por el tristemente célebre Tribunal de Orden Público.
Cuando en 1970 la “Justicia” franquista abre el “Proceso de Burgos” contra 16 militantes de ETA (entre ellos algunos dirigentes actuales del PSE-PSOE), acusados de la muerte en 1968 del sanguinario jefe de la Brigada Político Social en Donosti, Melitón Manzanas, y dicta 9 penas de muerte y más de medio milenio de años de prisión, la izquierda española protesta, pero son más de 300 los intelectuales catalanes que mantuvieron un encierro en Montserrat y es el matrimonio Sastre/Forest quién crea el “Comité de Solidaridad con Euzkadi”, país en el que se cebaba cruentamente la represión franquista. La movilización popular fue masiva hasta la consecución de la conmutación de las penas capitales.
Cuando en 1972 y, para más inri, el 18 de julio, Franco firma un decreto disponiendo que Carrero Blanco ocupe, caso de vacante, la Jefatura del Estado, diseña y hace reposar, en la persona del almirante, la continuidad de la ortodoxia franquista.
Cuando en 1973, Franco, que desde 1967 había separado por Ley Orgánica la Jefatura del Estado -que se reserva in aeternam- de la Presidencia del Consejo de Ministros (Presidencia del Gobierno), nombra a Carrero Blanco como Presidente y da la entrada a los ministerios a los “tecnócratas” del Opus Dei –los “López”-, ahonda en su diseño continuista. El nuevo gobierno dura hasta que, finalizando el año, ETA hace subir volando a los altares, pero pasando por los tejados jesuíticos, al Almirante Carrero Blanco –el elefante blanco del Régimen- y deja al franquismo sin el posible sucesor en el caudillaje. No hay lágrimas del pueblo que se derramen por él y si muchas felicitaciones contenidas. Los partidos, legales e ilegales, como PSOE y PCE condenan el atentado, aunque reconocen, sotovocce, que el franquismo ha sido descabezado.
Cuando en 1974, tras el atentado nunca aclarado, con doce muertos, en la madrileña Calle del Correo contra la cafetería Rolando, frecuentada por policías por lo cercana a la entonces Dirección General de Seguridad y sus temidos sótanos en Sol –hoy ocupada por Esperanza Aguirre como digna sucesora- se detuvo a casi un centenar de personas como “miembros de ETA”, entre ellos a Eva Forest, esposa de Alfonso Sastre, a Mary Luz Fernández y sus familiares, a Vicente Sainz de la Peña, director teatral, a la actriz Mary Paz Ballesteros, al escritor Eliseo Bayo, al obrero de la construcción Antonio Durán, al piloto de Iberia Bernardo Badell y su esposa Mary Carmen Nadal, y a la abogada Lidia Falcón. En ese momento, Cambio 16, que lo denominó, al mejor estilo Poe, “el extraño caso de la calle del Correo”, publicaba una nota de la DGS de días anteriores al atentado, prohibiendo a la policía pararse en los alrededores del edificio y recomendando “no frecuentar la Cafetería Rolando” lo que explica que solo 2 muertos eran policías. Alfonso Sastre, que había logrado escapar a la redada al ver su casa destrozada por la policía -que la denominaba como “cárcel del pueblo”- es detenido en octubre y encarcelado, de nuevo en Carabanchel, acusado de terrorismo etarra. Los presos van a permanecer encarcelados sin juicio entre uno a dos años, salvo Eva Forest y Mary Luz Fernández, que estarán tres años en prisión, sin juicio de ninguna clase, como supuestas terroristas etarras. Mientras tanto, Juan Carlos Borbón había asumido interinamente la Jefatura del Estado desde julio (¡siempre julio!) hasta septiembre, justo cuando el PSOE presenta la “Declaración de Septiembre” , abogando por la ruptura democrática que entendía como el establecimiento de libertades políticas, sindicales y personales y el Derecho a la Autodeterminación de las “nacionalidades” del Estado, refrendada un mes más tarde en el Congreso de Suresnes, que elige a Felipe González como su secretario general, y concibe a España como “República Federal de nacionalidades y regiones” para las que afirma el derecho a la autodeterminación. Aún la izquierda se reclamaba marxista.
Cuando en 1975, año en que comienza a emitir desde Argel “La Voz de Canarias Libre” y, en Canarias, un militante del MPAIAC, Antonio Padilla, es muerto a tiros y el militante obrero de la OPI, Antonio González Ramos, asesinado a golpes por el comisario José Matute Fernández, el régimen fascista español lleva a cabo, el 27 de septiembre, sus últimos fusilamientos públicos en Madrid, Barcelona y Burgos de los miembros del FRAPP Xosé H. Baena, Ramón García y José L. Sánchez y los de ETA Juan Paredes “Txiki” y Ángel Otaegi. La reacción en Euzkadi, con el estado de excepción declarado, fue enorme, con tres días de huelga general y manifestaciones reprimidas a tiros por la Policía y la Guardia Civil. En España, salvo Barcelona, el control policial impidió grandes manifestaciones, pero la reacción internacional fue grande. El fascismo replicó, el primero de octubre, con una de sus habituales grandes manifestaciones de guagua, bocadillo y prietas las filas –la última orquestada en vida del dictador- en la Plaza de Oriente. En el balcón del Palacio Real, con el apoyo de la presencia de Juan Carlos Borbón en su uniforme militar, saludando ambos brazo en alto a los manifestantes, el emocionado dictador, entre lágrimas e hipidos, hace su arenga: “Todas las protestas habidas obedecen a una conspiración masónica izquierdista, de la clase política, en contubernio comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos envilece”. Un mes y veinte días se alarga aún la sombra del dictador, cada vez más decreciente. El 20N (día nefasto en los anales fascistas españoles desde José Antonio) un moqueante Arias Navarro –que lo tuvimos en Tenerife de Virrey colonial- anuncia televisivamente “Españoles, Franco ha muerto” y el capitidisminuido “caudillo” emprende viaje al antaño Valle de Cuelgamuros, después “Cuelgamuertos” para los represaliados y, oficialmente, de los Caídos. Juan Carlos Borbón, que ya ejercía la Jefatura del Estado desde octubre y se había dado un paseo como tal por la todavía “provincia española de Sahara-Río de Oro”, es nombrado, el 22N, Rey de España por la Gracia de Franco y Arias asume, aún llorando, la Presidencia del Gobierno. La izquierda espera que el andamiaje fascistoide hispano se derrumbe solo.
Cuando en 1976, Adolfo Suárez, impulsado por los sectores más realistas del franquismo y de la burguesía española, sucede a Arias Navarro, entiende la imposibilidad de continuar aquel franquismo sin Franco y lleva a las Cortes, que la aprueban, la “Ley de Reforma Política”, (negociada con la “Platajunta” producto de la fusión de la “Junta Democrática” auspiciada por el PCE y la “Plataforma Democrática” encabezada por el PSOE). Ratificada en Referéndum en diciembre, con la oposición de boquilla de los partidos de izquierda platajuntados que la habían negociado, por su carácter reformista y no de ruptura con el franquismo. Su aceptación final marca la deriva continuada hacia la derecha que va a sufrir la “izquierda” española, que la conducirá a la aceptación total de una monarquía en la que el Juan Carlos Borbón, en su discurso a la nación en su toma de poder, y tras aclarar que era Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, aunque nadie sabe como sucedió ese “mandato legítimo”, dedica un “emocionado homenaje” a su mentor y maestro: “Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para las funciones que asumo al servicio de la Patria.
Ni el flamante Ministro de la Gobernación del gobierno “democrático”, Fraga Iribarne, ni su colega de Relaciones Sindicales, Martín Villa, podían dejar pasar sin su cuota de represión sangrienta un año tan brillante. En Vitoria (lo de Gasteiz aún era tabú) una concentración obrera es disuelta por las FOP al tiro limpio, con 6 obreros asesinados y más de 150 heridos y, en las manifestaciones subsiguientes, 4 asesinados a balazos más. Luego fue Montejurra, donde, preparado por el CECED (travestido luego a CESID y hoy a CNI) con la colaboración de la Guardia Civil, ametrallan a los convocados con dos nuevos muertos.
La izquierda se conforma con la llamada “Ley de Asociaciones Políticas” que ya en su preámbulo reconoce basarse en al Art. 16 del franquista “Fuero de los Españoles” , acatar los “Principios Fundamentales del Reino” y defender “en particular los principios de respeto a la soberanía, unidad, integridad y seguridad de la Nación” y que considera como ilícito penal todos los supuestos recogidos en el Código Penal de 1973 con penas de Prisión mayor, como el Art.123 “los ultrajes a la Nación española o al sentimiento de su unidad, al Estado o su forma política, así como a sus símbolos y emblemas” o el no menos contundente Art.172: “el ataque, por cualquier medio, a la soberanía, unidad o independencia de la Patria, a la integridad de su territorio o a la seguridad nacional”, Código Penal que no impidió que los 6 policías que asesinaron ametrallado, en ese septiembre, en Tenerife a Bartolomé García Lorenzo terminaran sus días “laborales” con cargos en la Policía, incluso alguno como escolta oficial de un exministro socialista.
La Ley de Asociaciones, para que no queden dudas, especifica en su articulo 3:“Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales, los que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de España.” Franco tenía razón ¡Todo quedaba atado y bien atado!....y así sigue.
Cuando en 1977, el año comienza con la masacre de los 5 abogados laboralistas en su despacho madrileño de la calle Atocha. El poder político y la ruptura definitiva con el franquismo estuvieron al alcance del pueblo movilizado, pero la “prudencia” (sic) de los partidos de izquierda condujo la indignación pública a un único resultado: la legalización del PCE, eso sí, previa renuncia a toda opción rupturista. Con la oposición domada y con el informe positivo del Consejo Nacional del Movimiento, se aprueba en Cortes la “Ley para la Reforma Política” que abre las puertas a unas Cortes Constituyentes, objetivo común de las opciones de izquierda españolas y de los reformistas del Régimen, desde Fraga a Suárez. La Ley es sometida a Referéndum y con ella se acepta de forma definitiva por parte de los partidos de la izquierda española la bandera rojigualda y la monarquía heredada del fascismo. En Canarias presentamos a la legalización el “Partido Revolucionario Africano de las Islas Canarias” y, además de negárnosla, se nos abrieron diligencias judiciales. Los partidos “legales” o los instrumentales creados al efecto -como “Esquerra de Catalunya”- se presentaron en junio a la primera convocatoria electoral de la monarquía, con la UCD como ganadora. En octubre el Consejo de Ministros del gobierno Suárez decreta la Ley de Amnistía, obligado por la presión popular como las grandes movilizaciones de mayo, reprimidas duramente sobre todo en Euzkadi, con otra vez nueve muertos a balazos represivos, casi al mismo tiempo que el desarme ideológico y social culmina con los Pactos de la Moncloa. Ortega hubiera exclamado ahora ¡Delenda est República…et Autodeterminación”!
Para nosotros, en Canarias, el año termina con otro nuevo asesinato por los “antidisturbios”, en medio de una huelga convocada por la Coordinadora de Sectores en Lucha de los sindicatos nacionalistas como CCT y SOC del estudiante Javier Fernández Quesada a las puertas de la Universidad de Aguere. Le siguió una brutal actuación represiva posterior de los “especiales” traídos desde España por el Virrey colonial, Mardones Sevilla, hoy “nacionalero” destacado de CC.
Cuando en 1978 la ponencia elaborada por los “7 magníficos” (Cisneros, Pérez Llorca y Herrero Rguez. de Miñón de UCD; Fraga de AP; Roca de la coalición Pacte Democràtic per Catalunya, Peces-Barba del PSOE y Solé Tura por el PCE), padres putativos de la Constitución (la paternidad real arranca desde la Ley de Asociaciones Políticas y tiene como abuelos al Fuero de los Españoles) logran que el Congreso de los Diputados apruebe el texto constitucional que luego se ratifica en Referéndum el 6 de diciembre.
Con la Constitución se consagra una visión liberal, indudablemente menos restrictiva que la que inspiraría luego reacciones como la del 23F –en la que aún no se ha aclarado el papel jugado por Juan Carlos Borbón o por Raventós, Enrique Múgica, Ciurana o Tamames entre otros- pero muy lejos de la lucha que se había sostenido por una sociedad socialista, igualitaria, solidaria y respetuosa de los derechos de los hombres y los pueblos, horizontes de los que además, desde entonces, con la derechización, se ha ido progresivamente separándose, compitiendo la “izquierda” con la más rancia derecha hispana en la destrucción total y absoluta de cualquier vestigio de control económico o político por parte del estado sobre los medios de producción o el aparato financiero, desmontando todo el sector público en una carrera frenética en pos de la economía neoliberal, la globalización y “el fin de la historia y el último hombre”.
Esa Constitución, ignora, desde su Título I el amplio porcentaje de los que no nos sentimos en ninguna forma –o no somos- españoles, o los que rechazamos una monarquía decimonónica que, por Ley y definición, consagra la diferencia entre personas por su nacimiento y, por origen, es la herencia del fascismo profundo (Art. 1-2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado”. Art. 1-3: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”) fundamentándola, según su Art. 2 en la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Lo que podíamos esperar los nacionalistas canarios ya nos lo había enseñado desde julio el atentado en Argel contra Antonio Cubillo -con sus graves secuelas físicas- diseñado, como sentenció posteriormente un tribunal, por el Gobierno español y ejecutado por sus servicios secretos y su democrático ministro Martín Villa.
Es innegable el avance que la Constitución española significó para las libertades individuales sobre las posiciones del franquismo puro y duro, incluso en los territorios coloniales no europeos, pero también es indudable que todas estas declaraciones no han logrado, en absoluto, resolver el problema –ni individual ni colectivo- de los que no reconocen esa pertenencia a la Nación española. No ha resuelto los problemas coloniales como el de Canarias o los nacionales de naciones como Catalunya y, sobre todo por el nivel de desarrollo histórico, de Euzkadi. No se trata de ETA que, al fin y al cabo, es un epifenómeno como lo es siempre cualquier acción violenta respecto al fenómeno político. En este caso epifenómeno del no-reconocimiento por el Estado del Derecho de Autodeterminación. Ya en 1977, en el diario “El Mundo” escribía el poco sospechoso Josep Ramoneda que “seguir entendiendo el conflicto del Pueblo Vasco como la acción de una minoría subversiva es imposibilitar la solución del problema”.
Se trata de que la propia Constitución y sus intérpretes -independientemente de su adscripción política- impiden el desarrollo de ese Principio, que múltiples Resoluciones de la ONU como las 1514 o 2200, establecen, y que España -ratificado todas y cada una de ellas- ha impedido sistemáticamente su aplicación, sea en su territorio metropolitano (como con el llamado “Plan Ibarretxe”) sea en la colonia canaria. El remate de ese férreo control lo pusieron, consensuadamente, el tándem PSOE-PP con la “Ley de Partidos” de 2002 “para garantizar el funcionamiento del sistema democrático” según su exposición de motivos y que, en la práctica, a servido a la fiscalía y los tribunales españoles para ilegalizar por sospechas a múltiples partidos de la izquierda abertzale vasca o a españoles como el PCE(r) o para intentarlo como en el caso de Izquierda Castellana (IzCa) finalmente sobreseído, o el actual de I.I.-SP, finalmente reconocido por el Constitucional español….por ahora. Si, como hace Hacienda, “cruzamos los datos” de la Ley de Partidos y la Constitución Española, en el Art. 9-2-c de la primera encontramos que es causa suficiente de ilegalidad el “Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional” y dado que, en el Estado español, el “fin” de ETA es la independencia de una parte del estado, todos y cada uno de los que propugnamos la independencia o la descolonización, atentamos contra el ya transcrito Art. 2 constitucional sobre la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Existen Estados de Excepción subrepticiamente declarados.
Creo que, hoy por hoy, y mientras “la larga marcha de la izquierda” para la recuperación de su sentido ético y político en Canarias, en España y en el Mundo continúa, es un hito el encontrarnos con un Alfonso Sastre encabezando un programa de regeneración ética y social. Un Alfonso Sastre hacia el que, forzosamente, tengo que expresar mi solidaridad actual y mi respeto profundo por una trayectoria cultural, intelectual y política plena de valor personal y de coherencia moral. Por ese Alfonso Sastre que pudimos ver en Tenerife, como un paseante más, en la Feria del Libro, acompañado por mi entrañable amigo Rogelio Botanz (y él sabe porqué es para mí entrañable) que ya había puesto música a varios de sus poemas desde 2004, o el Sastre, ya sin compañera y con sus ojos tan tristes como los de Guillermo Tell, que daba talleres de teatro, también en Tenerife y nos sigue dando auténticos talleres de pensamiento y acción de una izquierda que se niega a ser el fin fujiyamasco de la historia o el soporte estético de un sistema político y económico que nos ha llevado al pozo actual.
A pesar de que creo que, por parte e II-SP, hay evidentes fallos de visión en lo que respecta a esta colonia que tengo por patria, como “inter-nacionalista” y como participante de un pensamiento de izquierda socialista y liberadora, utópica para muchos, pero transformadora de una realidad que ni nos gusta ni compartimos, tengo que decirle a Sastre: “Alfonso, Eskerrik asko”. Pa’lante que esta larga marcha continúa.
Canarias a 25 de mayo –Día de la Liberación de África- del 2009
Francisco Javier González
jueves, 28 de mayo de 2009
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